Corte Suprema del Perú rechaza reformas judiciales y llama a la reflexión democrática

En un contexto de creciente tensión entre los poderes del Estado, la Sala Plena de la Corte Suprema del Perú ha expresado su firme desacuerdo con varias de las leyes recientemente promulgadas por el Congreso de la República, las cuales están orientadas a reformar el sistema judicial. Este pronunciamiento se ha hecho público a través de un comunicado leído por Javier Huamán, secretario de la sala, quien subrayó la falta de consenso y reflexión en el proceso legislativo. Huamán destacó que las nuevas normativas han sido aprobadas sin la debida consulta a las instituciones académicas y profesionales, ignorando así el principio de colaboración interinstitucional que debería regir en un sistema democrático. La crítica se centra en la percepción de que estas reformas no solo son apresuradas, sino que también carecen de la profunda consideración que el tema merece, lo que podría tener repercusiones graves en el funcionamiento del sistema judicial. Uno de los aspectos más preocupantes, según la Sala Plena, es la Ley 32130, que modifica las normas sobre las diligencias e investigaciones preliminares. Esta ley, a juicio de los magistrados, contraviene el artículo 159 de la Constitución, el cual establece que es el Ministerio Público quien debe dirigir desde el inicio las investigaciones sobre delitos. Este cambio no solo desestabiliza la relación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, sino que también podría abrir la puerta a abusos en el uso del poder. La Sala también criticó las reformas al Código Procesal Penal, las cuales, argumenta, limitan el control que el sistema judicial tiene sobre ciertos procedimientos. Esto genera una situación de vulnerabilidad en donde las garantías de los derechos procesales pueden verse comprometidas. El mensaje es claro: cualquier intento de restringir el control y la supervisión judicial no solo es perturbador, sino que puede derivar en un debilitamiento del Estado de derecho. Además, se refirió a la reforma del Código Procesal Constitucional, señalando que las modificaciones propuestas limitan los poderes de control sobre las decisiones del Parlamento. Esta tendencia hacia la creación de procedimientos especiales que alteran los principios de separación y equilibrio de poderes es vista como un ataque directo a la independencia judicial, un pilar fundamental de cualquier democracia. El juez supremo César San Martín, quien estuvo presente durante la lectura del comunicado, enfatizó que este pronunciamiento no es solo una crítica, sino un "llamado de atención" a los otros poderes del Estado. En este sentido, la Sala Plena busca alertar sobre los riesgos que estas reformas pueden representar para la independencia judicial, instando a todos los actores involucrados a promover una política legislativa que respete los valores democráticos. Por su parte, Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, también se pronunció enérgicamente sobre la necesidad de que las reformas al sistema de justicia se realicen con la participación activa del Poder Judicial. En sus declaraciones, subrayó que los cambios estructurales no pueden llevarse a cabo de manera aislada, ya que esto podría facilitar un intervencionismo que amenace no solo la independencia del sistema judicial, sino también la confianza pública en la justicia. En este complejo escenario, el Poder Judicial se encuentra en una encrucijada. Por un lado, tiene la responsabilidad de garantizar el respeto a la ley y la justicia; por otro, debe lidiar con un Congreso que parece actuar sin la debida consideración de sus implicaciones. La tensión entre ambos poderes plantea una serie de interrogantes sobre el futuro del estado de derecho en el país. El contexto se agrava aún más con el reciente anuncio de que el Consejo de Ministros evaluará el pedido de extradición de Eliane Karp ante Israel, lo que añade un nuevo componente de controversia a la situación política actual. La interrelación de estas temáticas resalta la necesidad urgente de un diálogo constructivo entre los poderes del Estado, donde se priorice el bienestar de la ciudadanía sobre los intereses políticos. En resumen, el pronunciamiento de la Sala Plena del Poder Judicial refleja una preocupación legítima sobre el rumbo que están tomando las reformas legislativas en el Perú. Las advertencias sobre la independencia judicial y la necesidad de un consenso mayor en la elaboración de leyes son más relevantes que nunca, evidenciando la importancia de preservar el equilibrio de poderes en un sistema democrático. La sociedad civil, así como los actores políticos, deben reflexionar sobre estas cuestiones, ya que el futuro del sistema judicial y, por ende, de la democracia en el país, está en juego.